Entre la inversión y el reclamo social, arrancó la discusión por el futuro del esquema eléctrico tucumano

La jornada del lunes marcó el inicio del debate sobre el esquema eléctrico de Tucumán para el periodo 2025-2030, en una audiencia pública convocada por el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) bajo la Resolución 1.168/25 y presidida por su interventor, José Ascárate. El encuentro, que contó con la presencia del secretario de Energía de la provincia, Martín Viola, evidenció una grieta profunda entre quienes defendieron la necesidad de ajustar los ingresos para sostener el sistema y quienes impugnaron la eficiencia de la prestataria. Mientras EDET y sus consultores técnicos centraron su exposición en el impacto de la inflación y la necesidad de millonarias inversiones para acompañar una demanda que creció un 30%, los sectores críticos —encabezados por el Defensor del Pueblo y organizaciones como FODECUS— denunciaron postes caídos, baja tensión crónica en el interior y un diseño tarifario que "castiga" el ahorro del usuario.

La empresa EDET, representada por su gerente general Ernesto San Miguel, abrió el debate exponiendo los desafíos de los últimos cinco años, marcados por la inestabilidad macroeconómica y el desfasaje del Valor Agregado de Distribución (VAD) frente a la inflación. San Miguel destacó que la firma invirtió $147.435millones en el quinquenio pasado y que para el próximo periodo propone un plan de $220.000 millones adicionales. "El 31% del total de la factura corresponde a lo que recibe la distribuidora en conceptos de VAD", precisó, aclarando que el resto se divide entre abastecimiento e impuestos. En su requerimiento formal, la empresa solicitó que "se ponga en vigencia el cuadro tarifario presentado con las adecuaciones que correspondan a la fecha de su implementación" y se aprueben los regímenes de calidad y extensión de redes.

Ernesto San Miguel (derecha) expuso la postura de la distribuidora EDET.

Por su parte, el ERSEPT explicó que el marco regulatorio se denomina Price Cap o precios máximos, donde no se reconocen los costos reales de la empresa, sino los "costos mínimos necesarios para la prestación del servicio en forma eficiente". Alejandro Danón, representante del ente, señaló que el desafío es una potencia demandada que se incrementó más de un 30%, traccionada en un 90% por usuarios residenciales. Para mejorar el control, el ERSEPT anunció que pasará de 422 a 2.400 equipos fijos de medición de calidad.

La consultora BA Energy Solutions, contratada por EDET para el cálculo de ingresos, determinó que el valor de reposición de las instalaciones (VNR) asciende a $1.118.000millones de diciembre de 2024. Jorge Espain, representante de la consultora, detalló que la "empresa modelo" necesaria para operar en Tucumán requiere 467 empleados propios y estimó un requerimiento total de ingresos de $330.224 millones anuales. Espain admitió que las pérdidas técnicas y comerciales del sistema adaptado se sitúan en un 11,1%.

Jorge Espain, BA Energy Solutions.

Para justificar el requerimiento de la RTI, tanto la empresa EDET como la consultora BA Energy Solutions presentaron una serie de datos técnicos y financieros que fundamentan la necesidad de un nuevo cuadro tarifario basado en el crecimiento de la demanda, la estructura de costos y los planes de inversión necesarios para la sostenibilidad del sistema.

A continuación se detallan los principales datos técnicos expuestos:

1. Diagnóstico de demanda y crecimiento del mercado

• Aumento de la potencia: El principal desafío técnico es el incremento de la potencia demandada, que creció más de un 30% en el último quinquenio, traccionado en un 90% por los usuarios residenciales.

• Récords de consumo: En febrero de 2025 se alcanzó un récord histórico de 871 MW, y se proyecta que para 2026 la demanda ascienda a 910 MW.

• Crecimiento acumulado: El mercado eléctrico de Tucumán ya supera los 3.300 GWh anuales y cuenta con más de 580.000 usuarios.

2. Inversiones: Ejecutadas y proyectadas

• Periodo 2020-2025: EDET informó una inversión de $147.435 millones (a moneda de diciembre de 2025) para mantener la calidad y atender la demanda. Esto incluyó 203 km de líneas de media tensión, 575 km de baja tensión y 592 subestaciones transformadoras.

• Propuesta 2025-2030: Para el próximo quinquenio, la empresa propone un plan de inversión de $220.000millones. Este plan prevé una ejecución anual de entre $43.000 y $45.000 millones destinada a estaciones de rebaje, expansión de redes y nuevas tecnologías.

3. Requerimiento de ingresos y estructura de costos

La consultora BA Energy Solutions determinó que el requerimiento total de ingresos anuales para que el sistema sea sostenible es de $330.224 millones (a valores de diciembre de 2024). Este monto se desglosa de la siguiente manera:

• Costo de Capital: $165.000 millones, basado en el Valor Nuevo de Reposición (VNR) de los activos.

• Costos de Explotación: $127.000 millones anuales, que incluyen salarios, materiales, operación y mantenimiento.

• Otros conceptos: Se incluyen $13.600millones por incobrabilidad y $7.000 millones en impuestos municipales.

4. Metodología de la "Empresa Modelo"

La consultora diseñó una empresa modelo (teórica y eficiente) para calcular los costos necesarios:

• Dotación de personal: Se determinó que una empresa eficiente para Tucumán requiere 467 empleados propios (sin contar contratistas).

• Organización territorial: Se dividió la provincia en 5 áreas de explotación (Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Metropolitana, Monteros y Concepción) para garantizar la cercanía al usuario.

• Pérdidas eficientes: Se estimó que una red optimizada debe tener un nivel de pérdidas totales del 11,1% (incluyendo técnicas y comerciales).

• Tasa de rentabilidad (WACC): Se propuso una tasa real después de impuestos del 9,26%, la cual incluye una prima por riesgo país basada en el promedio de Latinoamérica (483 puntos básicos).

5. Objetivos de calidad técnica

El nuevo cuadro busca reducir los indicadores de interrupción para el próximo periodo, estableciendo como metas técnicas un SAIFI (frecuencia de interrupciones) de 3,6 y un SAIDI (duración de interrupciones) de 8. Además, el ERSEPT planea fortalecer el control pasando de 422 a 2.400 equipos fijos de medición de calidad en toda la provincia.

Eduardo Cobos, Defensor del Pueblo.

El posicionamiento crítico fue contundente. Eduardo Cobos, Defensor del Pueblo, calificó de "barbaridad" que el sistema registre pérdidas de casi el 14% y desmitificó los indicadores de eficiencia de la empresa. "La verdad que en el interior, el servicio es pésimo, malo, los postes se caen solos", sentenció Cobos, quien presentó un documento con más de 10.000 reclamos. Además, denunció que en zonas de la Provincia se midieron apenas 172 voltios, imposibilitando el uso de cualquier maquinaria. "Acá no es que haya ciudadanos de segunda y tercera, hay ciudadanos de cuartas y de quinta", concluyó, cuestionando que se pague el mismo precio por un servicio deficiente.

Cobos afirmó que el ERSEPT aplicó multas por un total de $1.000 millones en el año, cifra que consideró insuficiente o mal calculada. El Defensor propuso que se tome como referencia la Ley de Defensa del Usuario y el Consumidor, la cual establece topes mucho más elevados para las sanciones. Detalló que, si se utilizara dicho marco legal —que considera un máximo de 2.100 veces la canasta básica—, la multa mínima o de referencia podría situarse cerca de los $2.500 millones. Según Cobos, este valor representaría más del doble de lo que el ente terminó cobrando durante todo el año en concepto de sanciones.

En sintonía, Miguel Paz, de la Unión de Usuarios y Consumidores, centró su ataque en el Cargo por Uso de Red (CUR), calificándolo de "inelástico" porque impide que el usuario vea reflejado su ahorro en la factura. Paz propuso pasar de 4 a 7 estratos tarifarios para evitar saltos bruscos: "Si el usuario ahorra y la factura no lo acompaña, la tarifa está mal diseñada". También denunció la falta de oficinas en lugares como Burruyacu, obligando a los usuarios a viajar kilómetros para un simple trámite.

José García, FODECUS.

José García, de FODECUS, coincidió en cuestionar el CUR y pidió volver al anterior sistema de cargos fijos. García exigió "limpiar la boleta" de tasas municipales e impuestos y denunció la ilegalidad de los medidores "telecomandados" que impiden al usuario controlar su consumo. "Necesitamos una tarifa diferencial que de alguna manera evite andar haciendo cola o se echan la culpa por el mal servicio, el jubilado ha dejado de comer un plato de comida para pagar la boleta", expresó con dureza.

Silvia López, representante del usuario en el ERSEPT, celebró la presencialidad de la audiencia pero lamentó que la información de las consultoras no sea siempre clara para el ciudadano de a pie. Alertó sobre el "sobreendeudamiento que están teniendo los jubilados y empleados públicos" para pagar facturas excesivas y pidió que la empresa deje de culpar a la transportista Transnoa por los cortes.

Otros posicionamientos

• Legislador José Seleme: Cuestionó la existencia de "empresas satélites" (Dimater y Eco) que elevarían los costos del VAD y pidió que las utilidades de EDET se reinviertan en la provincia. El legislador remarcó que EDET opera sin competencia real y que eso exige un control estatal firme. “EDET es un monopolio. No compite con nadie. Entonces el control del Estado no es un favor, es una obligación. Y ese control hoy no existe”, sostuvo, y agregó que la empresa no solo obtiene ingresos a través de la tarifa eléctrica. “La empresa no solo gana con la tarifa; también hace negocios con los postes que pagamos entre todos, que alquila a otras empresas de servicios”. Seleme exigió que se realice una rendición de cuentas antes de autorizar un incremento a la empresa. “Antes de hablar de aumentos, hay que rendir cuentas. ¿Qué obras prometieron? ¿Cuáles hicieron? Si no cumplieron, no hay ningún motivo para autorizar nuevas subas. El usuario no puede pagar eternamente promesas incumplidas”, dijo.

José Seleme.

• Héctor Galván (Sindicato de Luz y Fuerza): Defendió la necesidad de reconocer los costos de una "dotación laboral suficiente y adecuadamente capacitada", advirtiendo que la precarización operativa pone en riesgo el servicio.

• Legislador Alberto Olea (presidente de la Comisión de Energía y Comunicaciones de la Cámara): Remarcó que el cuadro tarifario debe ser coherente con la Ley de Generación Distribuida (9.912) para no neutralizar los derechos de los usuarios que generan su propia energía.

• Fernando Antognazza, en representación de AGEERA (Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina), planteó garantizar la confiabilidad del abastecimiento a corto y largo plazo, ampliar el acceso al servicio, reducir los costos de abastecimiento mediante la eficiencia y promover la sostenibilidad ambiental. Sostuvo que la tarifa "debe reconocer un Valor Agregado de Distribución (VAD) que cubra la totalidad de los costos, las inversiones necesarias y una rentabilidad razonable para el prestador". Además de resaltar que el nivel de la tarifa no debe afectar el cumplimiento de los pagos por la energía adquirida a CAMESA y a los generadores.

Beneficios y críticas

Durante la audiencia pública, se manifestaron diversas posturas sobre la Tarifa Social provincial y la quita de subsidios nacionales, reflejando una profunda preocupación por el impacto económico en los sectores vulnerables y la necesidad de mejorar la focalización de la asistencia.

José García, manifestó un "fuerte repudio" hacia el Gobierno Nacional por la quita de subsidios, calificando la situación de "chistes que hacen desde la Nación" y advirtiendo que Argentina sería el único país en el mundo en tomar tal medida. En esta línea, Galván, señaló que las políticas nacionales van en detrimento de la comunidad al eliminar un "estado regulador e incluyente". Propuso profundizar la inclusión para combatir lo que denominó "pobreza energética". Por su parte, Cobos remarcó que se enfrentan a un año de quita definitiva de subsidios por decisiones nacionales bruscas, cuestionando cómo podrá la gente afrontar los pagos.

En tanto, Danóm explicó que se trabajó en un nuevo mapa de vulnerabilidad socioterritorial junto a diversos institutos para mejorar la tarifa social. El objetivo es que esta incluya efectivamente a la gente de bajos ingresos y excluya a los de ingresos altos para optimizar los recursos. Olea celebró que el ente haya avanzado en una tarifa social basada en "dónde y cómo vive el usuario", considerándolo un salto cualitativo importante para beneficiar a los que menos tienen. Asimismo, FODECUS propuso la creación de una tarifa especial para jubilados que ganan la mínima, trabajadores informales, desocupados y entidades de bien público como comedores escolares.

José Ascárate, interventor del ERSEPT (al centro), presidió la Audiencia.

Además, se elevaron críticas a la falta de transparencia, ya que el titular de esya última entidad cuestionó que no se conozca el padrón de los "supuestos 170.000 beneficiarios" de la tarifa social ni los criterios claros para acceder a ella, y denunció que muchas veces la empresa y el ente se "echan la culpa" sobre quién la otorga.

Miguel Paz, en paralelo, propuso un reempadronamiento obligatorio y exhaustivo para depurar irregularidades. Sugirió realizar cruces objetivos de información para que nadie quede fuera por la "brecha digital" y que el beneficio sea dinámico con revisiones anuales. El Defensor del Pueblo sugirió que la provisión de equipos para electrodependientes debería estar incluida dentro de la tasa de interés social.

Ascárate aseguró que todas las opiniones serán analizadas antes de emitir un nuevo cuadro tarifario que debe ser "justo y razonable". la decisión podrá emitirse en un lapso de dos meses, la cual podrá ser cuestionada a través de un recurso de alzada. El debate quedó abierto: para unos, la tarifa es una herramienta de inversión; para otros, una carga impagable por un servicio que no llega con calidad al interior.